El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de A Coruña ha condenado al Ayuntamiento de Arteixo a reembolsar la cantidad de 5.987,46 euros a una mercantil, a razón de una controvertida liquidación del impuesto de plusvalía municipal.
Tras el allanamiento formulado por el Ayuntamiento a la pretensión inicial de nuestro cliente, Economist and Iuris, se ha hecho eco de la noticia y se ha puesto en contacto con Fabiola Perujo Fariña, Socia Directora de la firma que ha asumido la dirección técnica de este procedimiento en sede judicial y declaraba:
“Supone un reconocimiento agridulce al largo y arduo camino que desde Rede Letrados y muchos otros despachos profesionales hemos recorrido en ejercicio de los intereses de nuestros clientes; contribuyentes, perjudicados por la aplicación de un sistema de estimación objetivo que suponía dejar al margen la capacidad económica real del contribuyente”
“Hecho que venimos defendiendo desde la publicación de la primera Sentencia del Tribunal Constitucional 26/2017, de 16 de febrero, que dio paso al goteo de resoluciones mediante las cuales se dejaba entrever la finalmente reconocida nulidad del método de cálculo, entre las que destacamos las conocidas; STC 37/2017, de 1 de marzo, STC 59/2017, de 11 de mayo, STC 72/2017, de 5 de junio, STC 126/2019, de 31 de octubre, con base a las cuales hemos ejercitado los derechos finalmente reconocidos por la reciente Sentencia de 26 de octubre de 2021”.
“El desencanto viene ahora no solo por la celeridad en la publicación del Real Decreto Ley 26/2021, que provoca un vacío legal desde que se conoció la Sentencia completa del TC, el 26 de octubre de 2021, hasta que entró en vigor dicho Real Decreto, el 10 de noviembre de 2021, sino que se agrava por el contenido de la misma, que dispone la imposibilidad de reclamación o rectificación de liquidaciones que no estuvieran previamente iniciadas. De esta manera se restringe el derecho de reclamación del contribuyente, lo que parece indicar que el recorrido no acaba aquí, pudiendo incluso tener que elevarse la correspondiente cuestión ante el Tribunal de Justicia Europeo”,
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